En una medida destinada a impulsar la igualdad de género en los ámbitos empresariales, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 5 de diciembre el Proyecto de Ley de Paridad, también conocido como la Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. Este proyecto, que transpone la Directiva (UE) 2022/2381 del Parlamento Europeo y del Consejo, marca un hito en la búsqueda de la igualdad de género en la toma de decisiones empresariales
El Proyecto de Ley ha comenzado su tramitación parlamentaria después de ser publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 15 de diciembre de 2023. Su principal enfoque es garantizar que los consejos de administración de las empresas, particularmente las cotizadas y aquellas consideradas de interés público, reflejen la diversidad de género de manera equitativa.
Según la norma, los consejos de administración de las empresas afectadas deberán tener una composición acorde con el principio de paridad, asegurando que al menos el 40% de los miembros sean mujeres. Esta obligación aplica a empresas cotizadas y entidades de interés público, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos, como tener más de 250 empleados y superar los 50 millones de euros en ingresos o los 43 millones de euros en activos.
Las empresas que no cumplan con esta obligación deberán ajustar sus procesos de selección para garantizar un procedimiento no discriminatorio que permita alcanzar los objetivos de paridad. Para las empresas cotizadas, el incumplimiento de estas disposiciones se considera una infracción grave, con la posibilidad de enfrentar sanciones significativas, incluida la suspensión de la cotización en bolsa.
El Proyecto también introduce el principio de igualdad de género en los puestos de alta dirección para empresas cotizadas, buscando alcanzar el 40% de representación del sexo menos representado. En caso de incumplimiento, las empresas deberán explicar los motivos y las medidas adoptadas bajo el principio «comply or explain».
Además, se establece la obligación para las empresas cotizadas de incluir información específica sobre la representación del sexo menos representado en el informe de sostenibilidad y comunicar esa información a la CNMV, publicarla en la página web e informar anualmente a la junta general sobre las medidas adoptadas y las posibles sanciones por incumplimiento.
Los plazos para cumplir con estas obligaciones varían según la capitalización bursátil de las empresas, con fechas límite que van desde junio de 2024 hasta junio de 2026. Para las entidades de interés público distintas de las sociedades cotizadas, se establece una aplicación gradual, alcanzando el 33% de mujeres en el consejo de administración y el 30% en la alta dirección para junio de 2026 y el 40% para junio de 2028.
Fuente: RocaJunyent