
La Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de pérdidas y el desperdicio alimentario, conocida como “Ley del desperdicio alimentario”, impone obligaciones a las administraciones públicas
Carmen Domínguez Aguilar, abogada especializada en el Área de Derecho Administrativo en Gaona Abogacía, firma socia de Grupo RocaJunyent, artículo publicado en Lefebvre. La abundancia de alimentos, fruto del desarrollo económico, conlleva también como consecuencia importantes pérdidas y desperdicio de alimentos desde la producción hasta el consumo. Circunstancias que son exponentes de un funcionamiento ineficiente


