El Consejo de ministros aprueba el anteproyecto de ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal. La norma recoge algunas iniciativas con el objetivo de combatir las prácticas maliciosas existentes en el ámbito tributario. Se trata pues de evitar que se eludan las responsabilidades, que haya competencia desleal y, por consecuencia, un deterioro del Tesoro Público.
¿Cuáles son las nuevas medidas propuestas para luchar contra el fraude fiscal?
Informar sobre el uso de criptodivisas
Cabe destacar que esta práctica es cada vez mayor. Por ese motivo, se establece la obligación de suministrar información sobre las operaciones de adquisición, transmisión, permuta o transferencia. Esta obligación debe llevarse a cabo a través del Modelo 720 de Declaraciones de bienes y derechos sobre la posesión de monedas virtuales ubicadas en el extranjero.
Prohibición de amnistías fiscales
De la misma forma, la ley prohibiría las amnistías fiscales ya que son consideradas como un agravio para los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones de forma ejemplar.
Sanciones y prohibición de software que permitan manipular datos
Por su parte, la nueva norma trata de prohibir la comercialización de “software de doble uso” capaces de manipular la contabilidad de empresas. Por ello, está previsto que existan fuertes sanciones a estos fabricantes de hasta 15.000 euros.
Se limita el pago en efectivo
Además, el anteproyecto de ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal explica que no se permitirá realizar operaciones en efectivo que superen los 1.000 euros entre profesionales. En la actualidad, el tope se sitúa en 2.500 euros. Se afirma, a su vez, que la cifra irá bajando de forma progresiva, aunque se recuerda que no afectará, en principio, a transacciones entre particulares.
Lista de paraísos fiscales ampliada
Por último, el anteproyecto ampliará el concepto de paraísos fiscales y actualizará el listado existente actual. De esta forma, se incluirán países destacados por una dudosa transparencia. Sin embargo, recuerdan que ésta se trata de una materia en la que se trabaja en conjunto con la Unión Europea. A su vez, se producirán modificaciones en la lista de morosidad para incluir también a los responsables solidarios.