A finales de mayo la Sala de prensa Universitaria y los medios de comunicación anunciaban una grata noticia: La puesta en marcha del “Club de Directivos y Empresas Málaga TechPark Execs”.
Formada por casi medio centenar de empresas de alta tecnología, investigación e innovación ubicadas en el Parque Tecnológico de Andalucía, junto con la Universidad de Málaga, tratan con acierto crear sinergias entre ellas, estrechar la relación con los centros de investigación universitarios y fortalecer el ecosistema de innovación del propio Parque Tecnológico con los centros de investigación universitarios.
Para lograr un crecimiento económico tan necesitado en estos momentos y el desarrollo de sinergias parece sin duda importante, concentrar fuerzas e ideas, potenciar la intercomunicación entre empresas de distinto índole y Universidad e implementar sin duda la colaboración público privada.
Esta última, puede convertirse en eje esencial en épocas de crisis; en una fuerza combinada formada entre Empresas, Universidad y Administración Pública que permita afrontar, mediante esa cooperación, nuevas inversiones, proyectos o transferencias de conocimientos y tecnología con un propósito común: Reactivación conjunta de la economía y creación de empleo.
La Colaboración Público Privada constituye una actuación conjunta entre las Administraciones Públicas y las empresas privadas destinada, con la participación de ambos, al logro de una importante actividad económica. El mecanismo habitual de acción suele ser a través de un contrato público de concesión: ya sea de Obras, de Servicios o incluso el contrato de Asociación para Innovación, todos ellos generadores de empleo.
Esa colaboración entre Administraciones y Empresas, (público privada) está ya siendo proclamada en los medios de comunicación como fórmula idónea de activación económica en palabras de Ministros y Consejeros de Comunidades Autónoma. Parece pues unánime que en situaciones económicas tan acuciantes como la provocada por el Covid 19, la unión de fuerzas entre lo público y lo privado resulta poco menos que imprescindible.
Pero para llegar a materializar esas inversiones y esos contratos a mi juicio es fundamental efectuar, al menos, un paso previo y esencial: las Consultas al Mercado para posteriormente, ya en la fase de la contratación acudir al llamado diálogo competitivo.
Ambas figuras están contempladas en la vigente Ley de Contratos del Sector Público, aunque merece la pena destacar la primera como actuación previa y basamento de la posterior contratación.
Mediante las consultas al Mercado las Administraciones Públicas toman el pulso a las necesidades más importantes de la sociedad a la que sirven; conocen de primera mano las actividades que pueden ofrecer más empleos, más estabilidad en los trabajos generados, mayor movimiento o transmisión económica hacia las PYMES, mejor sostenibilidad y compromisos con el medio ambiente y Objetivos de Desarrollo Sostenible; en definitiva mayor proyección económica-social generadora de riqueza a medio y largo plazo.
En esta primera fase de consultas al mercado resulta esencial la participación de un Comité de Expertos tal como prevé la Ley.
Este Comité debe estar promovido por la Administración Pública correspondiente y debería estar necesariamente participado tanto por ejecutivos de empresas, destacadas en su sector, como por investigadores de Centros de Investigación.
Es la mejor fórmula para intentar garantizar la consecución de los objetivos propuestos entre ambas partes: Administración y Empresas.
Surge ahora pues, con el “Club de Directivos y empresas Málaga TechPark Execs” una magnífica oportunidad para potenciar y poner en marcha esa Colaboración Público Privada, efectuar las Consultas al Mercado y constituir esa Comisión de Expertos con Directivos de Empresas avanzadas e investigadores de la Universidad, que podrán ayudar sin duda a la optimización de las inversiones públicas privadas; a propiciar con nuevas ideas, proyectos, transferencia de conocimientos, tecnología e innovación una importante y sólida generación de empleo en nuestra sociedad.
Elaborado por:
Javier Such Martínez, abogado y miembro de consejo asesor en Roca Junyent-Gaona y Rozados y director de los Servicios Jurídicos de la UMA