Carmen Domínguez Aguilar es socia de RocaJunyent_Grupo-Gaona, donde dirige el Área de Derecho administrativo. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga y ha cursado el Máster en Derecho de daños y el Curso Experto en Responsabilidad Civil y Seguros de la Universidad Internacional de Andalucía.
La abogada ha ejercido como secretaria e interventora de Administración local en entidades locales de Castilla La Mancha y Andalucía; como técnica general de la Junta de Andalucía en el Servicio de Inspección Urbanística de la Dirección General de Ordenación del Territorio; tiene experiencia profesional en la defensa y asesoramiento jurídico a las Administraciones públicas, ayuntamientos, entidades y sociedades públicas y otros entes e instituciones del sector público; y ha desempeñado funciones como miembro de la Sección de Derecho administrativo y de la Sección de Responsabilidad Civil y Seguro del Colegio de Abogacía de Málaga. Asimismo, pertenece a diferentes asociaciones científicas en la materia y en Derecho urbanístico, lo que la convierte en un referente en la materia con amplio y profundo conocimiento del sector público.
Pregunta: ¿Por qué Derecho administrativo? ¿Cuál fue su motivación para elegir esta rama del Derecho para su carrera profesional?
Respuesta: Mientras estudiaba la carrera, no era la rama del Derecho que más que atraía. Cuando una estudia Derecho con el entusiasmo que tenía entonces, me parecían más interesantes las clases de Derecho penal y civil, principalmente. Sin embargo, mis preferencias cambiaron cuando le encontré sentido a esta amplia rama del Derecho mientras estudiaba las oposiciones. Me di cuenta que el Derecho administrativo, o público, ya sea en su parte general como especial o regulatorio, abarca casi todo porque todos los ciudadanos, de una manera y otra, nos relacionados a diario con las Administraciones públicas en muchas facetas de nuestras vidas: en la universidad, en la sanidad, en el urbanismo, en la función pública, en la contratación pública, ante la Tesorería General de la Seguridad Social, ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social, ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en los diferentes sectores regulados como transportes, regulación de aguas, montes, costas, carreteras, etcétera.
Al final, el estudiar tanto esta rama del Derecho y, después, experimentarla desde dentro de la Administración y desde fuera, como letrada de la misma, me motiva como materia absolutamente desbordante.
P: El hecho de que preparase oposiciones al cuerpo de Abogados del Estado y al Cuerpo de Habilitados Naciones y trabajase en la Administración Pública Local, ¿le hizo adquirir una ventaja profesional para su posterior trayectoria laboral?
R: Sí, desde luego. El profundo conocimiento de la materia no es una cuestión que se aprenda solo en la carrera. Si no te enfocas en estudiar la práctica del Derecho administrativo en todas sus vertientes con la finalidad de poder asesorar a las Administraciones públicas, no terminas de encontrar el sentido práctico de la disciplina y su utilidad, tanto para las propias Administraciones como para los administrados a la hora de desentenderse frente a las mismas.
Sinceramente, de no haber tenido dicha trayectoria profesional, quizás no me hubiera dedicado a esta rama del Derecho. Al final, estoy muy agradecida de que las circunstancias me hayan llevado a esta especialización.
P: Desde su incorporación a RocaJunyent_Grupo – Gaona en 2017, el despacho ha ido ampliando el Área de Derecho administrativo y ofreciendo más servicios a sus clientes en este ámbito. ¿Cómo se ha llevado a cabo este proceso?
R: Con muchísimo trabajo y dedicación. Cuando llegué a la firma, lo hice con la finalidad de prestar una pequeña ayuda en el área, no me imagine que, a los pocos meses, me caería la responsabilidad de asesorar y defender los intereses de un municipio de gran población, que me dejó unos meses absolutamente absorta en el trabajo. El despacho es referente en el asesoramiento a las Administraciones públicas y hemos ido creciendo en dicho empeño. Primero, con el asesoramiento a otros municipios de la provincia de Málaga, a los que fuimos sumando muchos más en otras provincias como Granada, Sevilla, Madrid o Castellón, así como la Junta de Andalucía.
En la actualidad, seguimos pretendiendo justamente eso: crecer en el Área y ofrecer nuestra experiencia a los clientes, principalmente Administraciones e Instituciones públicas. La confianza que depositan en nosotros hace que crezca esta motivación.
P: Su intervención como letrada, directora y/o responsable en más de diez mil expedientes procesales y jurídicos son muchos expedientes. ¿Cómo es posible llegar a este nivel de trabajo?
R: Es muy complicado y exige mucho rigor, trabajo y dedicación. Es absorbente, a veces absolutamente. Luego se te olvida porque también es apasionante. Yo les digo a mis compañeros, sobre todo a los que he tenido la suerte de formar, que realmente a mí me apasiona ser abogada. Me gusta mi trabajo. Creo que esto es muy importante y es lo que pretendo inculcar a mi hija, que también estudia Derecho. He pensado mil maneras de gestionar el tiempo y la organización del trabajo, pero no puede negarse que la profesión es muy exigente.
P: ¿Cuáles son los principales asuntos por los que ayuntamientos, entidades locales y, en general, administraciones públicas consultan al despacho?
R: Generalmente, cuando las Administraciones públicas deciden externalizar su ‘asesoría jurídica’ buscan unaatención integral de cualquier cuestión que se les pueda plantear, ya sea a nivel de informes jurídicos como de defensa letrada en los procedimientos en los que se vea demandada, o bien en los que sea la propia Administración pública la que entable la acción procesal, que suele ser frente a otras Administraciones públicas. Tienen confianza en la defensa en juicio que mostramos y también en las reflexiones jurídicas de los supuestos que nos someten a consideración y reflexión.
Esto me conforta realmente porque, al final, contribuimos a la defensa del interés general que representa la institución.
P: ¿De qué manera RocaJunyent_Grupo – Gaona ofrece un servicio integral a este tipo de cliente específico para que vea satisfechas sus necesidades?
R: El servicio lo referenciamos en las propias necesidades de las entidades públicas porque, en cuanto nos consultan y nos encargan cualquier asunto, da igual la complejidad jurídica y/o técnica que tenga, se lo llevamos. Confían en nosotros.
No solo en la vertiente del Derecho público, o administrativo, sino en cualquier rama del Derecho en la que se encuentre involucrada en cierta medida, tanto en la vía civil, como en la penal, en los tribunales económicos administrativos, frente a la TGSS, a la AEAT, etcétera. Las Administraciones públicas también se relacionan con otras, donde surgen conflictos y hay que defenderlas; y también, a veces, actúan sujetas al Derecho privado y tienen que defenderse o ejercer sus derechos en la vía civil. Por ello, la cualidad es que cualquier necesidad que quiera cubrir, se la ofrecemos y se la damos.
“En el Área de Derecho administrativo, contribuimos a la defensa del interés general que representa la institución respecto de la ciudadanía”
P: ¿Cuáles son los próximos pasos del Área de Derecho administrativo que usted dirige?
R: Seguir avanzando en prestar asesoramiento legal e integral a las Administraciones públicas territoriales, institucionales y empresas públicas. Por otro lado, seguir sumando entes públicos a los que asesorar y ayudar; y hacerlo de forma constante para consolidar la marca de ser un referente en el asesoramiento legal a dichos entes públicos.
Sin embargo, no por ello dejamos de prestar asesoramiento en las materias propias del Derecho público, regulatorio y urbanismo, de los sujetos privados y de los administrados frente a la Administración. El amplio conocimiento de esta práctica cuando lo desempeñas desde el ‘otro lado’, te garantiza, en cierta medida, las armas para poder defenderlo desde otro prisma y son los derechos de los ciudadanos (administrados) frente a la propia Administración. El asesoramiento en la colaboración público-privada es una parte esencial de nuestra actividad futura.
P: Usted también ejerce como profesora del Máster de la Universidad de Málaga sobre Ordenación Territorial, Urbanismo y Medio Ambiente y como ponente en cursos especializados de Derecho público. ¿Cuál es el nivel de desarrollo del Derecho administrativo en España en comparación con el resto de Europa? ¿Cuál es el camino que se debe seguir?
R: Me gusta mucho esta faceta docente, aporto mi conocimiento teórico y práctico a la vez que me enriquece.
La propia forma en la que se estructura nuestra Administración pública en España, descentralizada, con varios niveles competenciales, con una estructura organizativa piramidal (estatal, autonómica y local) y con la gran cantidad de entes institucionales pertenecientes a dichas Administraciones, ha dado lugar a que exista una gran complejidad de las leyes y normas de Derecho público por un lado; y, por otro lado, de grandes profesionales en la materia, tanto los que prestan sus servicios en la propia Administración como los que nos dedicamos a hacerlo desde fuera.
P: Recientemente, usted participaba en las Jornadas sobre La Inteligencia Artificial en la Administración Pública de la Diputación de Sevilla que coordinó RocaJunyent_Grupo – Gaona, donde expuso las implicaciones legales y éticas del uso de la IA en este ámbito. ¿Hasta dónde tiene que llegar la regulación normativa en este campo y de qué manera?
R: Este campo está ahora de moda y va a seguir estando. Considero que la regulación normativa actual es escasa, incipiente. En los próximos años, será necesario una mayor producción normativa que se encargue de regular la utilización de la IA por las Administraciones públicas en sus relaciones con los administrados, concretando lo escasos preceptos que contiene la Ley 40/15 LRJSP.
Algunas Comunidades autónomas han comenzado la andadura, entre las que se encuentra Andalucía. Abiertamente, las normas parten de la utilización de la IA por las Administraciones públicas teniendo en cuenta que el acto administrativo será producido por una máquina (robot) y tendrá efectos jurídicos. La contrapartida es la transparencia en la determinación del sistema utilizado, el respeto por los derechos de los ciudadanos, en especial, la protección de datos y los inherentes a la personalidad (evitando sesgos y discriminaciones), todo ello con la necesaria supervisión humana.