El Consejo de Gobierno de Andalucía otorgará subvenciones para compensar el sobrecoste energético de gas natural y/o electricidad que sufrieron durante el año 2022 debido a la subida de precios ocasionada por la guerra contra Ucrania. Con una dotación de 525 millones de euros procedentes de Fondos Europeos, esta iniciativa forma parte del Pacto Social y Económico firmado con los principales agentes económicos y sociales de Andalucía.
Las ayudas estarán dirigidas a pymes y personas trabajadoras autónomas en la región que se hayan visto particularmente afectadas por el incremento excepcional del precio del gas natural y/o la electricidad debido a la crisis internacional de materias primas y suministros. Se cubrirán los consumos realizados entre el 1 de febrero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
Las subvenciones oscilan entre los 300 euros y los 2.000.000 euros, dependiendo del impacto sufrido por cada negocio o autónomo. Para acceder a ellas, se establecen ciertas condiciones, siendo una de las más destacadas que la facturación anual en electricidad con respecto a la cifra de negocios en 2022 haya sido igual o superior a un porcentaje determinado, en función de los diferentes sectores de actividad. Los porcentajes para cada grupo de actividad están especificados en el Anexo I del Decreto ley, el cual será publicado en un BOJA extraordinario.
El cálculo de la subvención se realizará teniendo en cuenta el «precio de referencia», que es el coste medio por KWh (kilovatio hora) de 2021, comparándolo con el soportado en el período subvencionable. La diferencia entre ambos costes será el importe de la subvención concedida. Los beneficiarios recibirán el 100% del importe concedido en una única transferencia a sus cuentas bancarias antes de que finalice el año 2023.
Entre los requisitos para acceder a estas ayudas, se encuentra el desarrollo de la actividad económica en establecimientos ubicados en Andalucía, ser titular de contratos de gas natural y/o electricidad con empresas comercializadoras que operen en la región y disponer, al menos, de un punto de suministro (CUPS) en territorio andaluz. También se deberá haber realizado durante el ejercicio 2021, al menos, una de las actividades económicas previstas en los códigos CNAE detallados en el Anexo I del Decreto ley, y mantenerla en el ejercicio 2022.
Con esta medida, el Gobierno de Andalucía busca apoyar y aliviar la carga financiera que el incremento de precios ha representado para pymes y autónomos, fortaleciendo así el tejido empresarial de la región y contribuyendo a su recuperación económica en estos tiempos difíciles.
Fuente: Junta de Andalucía