En la primera edición del Foro Juntos Sumamos Más, se ha debatido sobre la necesidad de la colaboración público-privada para conseguir una vivienda de alquiler asequible, dada la carencia de la misma y la normativa aplicable o en desarrollo.
Las principales políticas públicas en el mercado de alquiler de vivienda son los controles de las rentas, la oferta pública de alquiler a precios asequibles y las intervenciones indirectas, como la regulación de los arrendamientos, los instrumentos de política fiscal y la regulación urbanística. Precisamente, el proyecto de ley de vivienda contiene varias de esas medidas, si bien existen dudas sobre su constitucionalidad en el terreno de la competencia autonómica.
Entre las comunidades más tensionadas, se encuentran, por un lado, Cataluña con una política basada en la contención de rentas, que parece que está provocando una menor oferta de vivienda en alquiler y que los precios se están instalando en el rango medio, que no era el efecto que se perseguía, dado que en Barcelona están subiendo y hay menor oferta. Por otro lado, en la Comunidad de Madrid, las políticas están orientadas a las deducciones fiscales y seguridad jurídica a arrendadores y arrendatarios.
También se debatió sobre las diferencias entre Ayuntamientos y que no es viable tener que negociar con cada uno por separado. También, la necesidad de seguridad jurídica para atraer la inversión y que es necesario un pacto, también a nivel estatal, pero no parece posible en este momento. Además, se comentó que si no se hacen actuaciones de carácter proactivo, las administraciones no van a poder suplir al sector privado, por lo que se van a necesitan medidas estructurales.
Por tanto, la principal conclusión del debate fue que, para cambiar la situación de carencia de vivienda asequible en España, es esencial la colaboración público-privada, donde juegan un papel muy relevante la seguridad jurídica y las diferencias entre Ayuntamientos.