Luis López Fraile, abogado especializado en Derecho Sanitario y Farmacéutico en RocaJunyent_Grupo-Gaona, artículo publicado en Actualidad Jurídica Ambiental
El declive y práctica desaparición de la minería metálica europea durante el último tercio del siglo XX por problemas de competitividad, rechazo social y mayor sensibilización ambiental ha provocado una penosa obsolescencia en las normativas sectoriales del Viejo Continente. En los últimos años, sin embargo, y en paralelo al cambio de estrategia de la UE respecto a las materias primas minerales, es notorio el esfuerzo de las instituciones europeas y de los Gobiernos nacionales para actualizar, reformar o sustituir directamente las legislaciones mineras por nuevos marcos normativos adaptados a los compromisos de la Agenda 2030 que permitan al mismo tiempo una reactivación del sector para afrontar los graves problemas de suministro de minerales estratégicos que sufre Europa como consecuencia del proceso global de transición energética y el extraordinario incremento en la demanda de estos recursos.
El análisis del acervo europeo muestra que las disposiciones de los Tratados, los Reglamentos y las Directivas sobre mercado interior, medio ambiente, conservación de la naturaleza, hábitats, agua, emisiones, residuos de las industrias extractivas, seguridad y salud en el trabajo y ayudas estatales constituyen el actual marco jurídico de referencia para el sector de las materias primas minerales estableciendo principios y garantías en consonancia con criterios de sostenibilidad aceptados a nivel mundial. Este corpus normativo tan transversal no ha incluido sin embargo las condiciones adecuadas para que los Estados miembros actualicen sus legislaciones internas a fin de fomentar la investigación y aprovechamiento de los recursos minerales nacionales considerados como “estratégicos” o “críticos” de los que la UE se encuentra en situación de franca dependencia respecto a proveedores externos.
La falta de una auténtica política europea en materia de recursos minerales no energéticos ha colocado a Europa en una posición desfavorable para hacer frente a los grandes retos de la transformación energética y digital y ha comprometido las propias estrategias de seguridad en la UE. Esta situación trató de enmendarse por la Comisión con la adopción en 2008 de la Iniciativa
de las Materias Primas y ha llevado finalmente a la aprobación en 2024 del Critical Raw Materials Act o Reglamento de Materias Primas Fundamentales (RMPF), disposición que podemos considerar como “hito” fundacional de un Derecho de Minas europeo si bien con numerosas deficiencias.
La norma, de aplicación directa en los Estados miembros, ha tratado de dar respuesta al crucial problema del acceso a los recursos minerales que hacen posible el ansiado modelo de economía basado en la descarbonización y la transformación digital (cobre, níquel, litio, cobalto, vanadio, tierras raras, etc). La actividad minera, que hasta ahora solo había merecido un interés marginal por parte de las instituciones europeas, recobra un inusitado protagonismo y requiere de un nuevo contexto legislativo que promueva la exploración de yacimientos, facilite su puesta en explotación y fomente la recuperación de materias primas secundarias a partir de instalaciones de residuos mineros.
El RMPF incluye un conjunto de medidas para garantizar el acceso de la UE a un suministro seguro y asequible de recursos minerales críticos aprovechando las oportunidades que ofrecen el mercado único y las asociaciones exteriores para diversificar y mejorar las cadenas de suministro. Sin embargo, la norma apenas contempla algunos puntos esenciales, como la agilización de permisos, el apoyo financiero, la mejora del conocimiento geológico, de las reservas de recursos críticos y de los riesgos de suministro, o la revalorización de recursos procedentes de instalaciones de residuos, siendo tales sus limitaciones -elenco muy restringido de recursos, medidas mayormente centradas en las materias primas “estratégicas” con exclusión de las demás, amplio margen de actuación de los Estados para la aplicación de sus medidas o escaso desarrollo normativo de muchas iniciativas- que difícilmente se va a convertir en el revulsivo para la industria minera que la actual coyuntura mundial demanda.
El presente trabajo se centra en algunas iniciativas adoptadas por las instituciones europeas tras el RMPF y que afectan a aspectos tan variados como las emisiones procedentes de la industria minera, su contribución a una economía de cero emisiones netas, la obligación de restauración de la naturaleza, la eventual clasificación de los suelos alterados por la actividad extractiva como terrenos potencialmente contaminados o la recurrente relación entre minería y agua. Como veremos, siguen sin solventarse las carencias del RMPF y la industria extractiva sigue relegada en la mayoría de disposiciones o propuestas adoptadas o debatidas en estos dos últimos años, todo lo contrario que la industria transformadora de metales, sobre la que recaen medidas de fomento muy interesantes dada su mayor conexión con la recuperación secundaria de minerales críticos y la economía circular.
MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA DE EMISIONES INDUSTRIALES
La Comisión ya había anunciado en el Pacto Verde Europeo de 20194 una reconsideración de las acciones de la UE para hacer frente a la contaminación procedente de las grandes instalaciones industriales, que incluía una revisión de la legislación sectorial y de la manera de hacerla plenamente coherente con las políticas en materia de clima, energía y economía circular.
Consecuencia de ello ha sido la Directiva (UE) 2024/1785 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril, por la que se modifican la Directiva 2010/75/UE sobre emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación o IPPC) y la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos, con la pretensión de ofrecer una mejor protección de la salud humana y del medio ambiente al reducir las emisiones nocivas de las instalaciones industriales, promoviendo la eficiencia energética, la economía circular y la descarbonización. Además, la nueva norma busca que la concesión de permisos sea más eficiente y menos gravosa al introducir, por ejemplo, la obligación de que los Estados creen un sistema electrónico de concesión de permisos de aquí a 2035.
En lo que ahora nos atañe, considera esta Directiva que la industria extractiva europea es clave para lograr los objetivos del Pacto Verde Europeo y de la Estrategia Industrial de la UE ya que los metales tienen una importancia fundamental para la transición digital y ecológica así como para reforzar la resiliencia y la autonomía económica de la UE. A fin de alcanzar estos objetivos se considera necesario seguir desarrollando capacidades y suministros nacionales sostenibles, especialmente a la luz de la creciente demanda mundial, la vulnerabilidad de las cadenas de suministro y las tensiones geopolíticas. Ello requiere medidas específicas y armonizadas para garantizar que se establecen y emplean las mejores técnicas disponibles (MTD), aplicando así procesos que sean lo más eficientes posibles y tengan el menor efecto en la salud humana y el medio ambiente. De este modo, la norma pretende respaldar el desarrollo de proyectos y facilitar un crecimiento sostenible de las actividades mineras en consonancia con los índices de referencia para 2030 del RMPF.
Aunque hubo dudas sobre cuál sería su alcance respecto a la minería metálica, finalmente las actividades extractivas que van a quedar incluidas dentro del ámbito de aplicación de la Directiva de Emisiones Industriales (DEI) se limitan a aquellas que tienen un impacto significativo sobre el medio ambiente que, con arreglo al nuevo artículo 3.6 del Anexo I de la DEI son: “extracción, incluidas operaciones de tratamiento in situ, tales como trituración, control del tamaño, beneficio y enriquecimiento, de los siguientes minerales a escala industrial: bauxita, cromo, cobalto, cobre, oro, hierro, plomo, litio, manganeso, níquel, paladio, platino, estaño, wolframio y zinc”.
Las principales novedades que implica la reciente Directiva para la industria minera son las siguientes:
1º) Inclusión de las actividades extractivas antes citadas en el ámbito de aplicación de la DEI con todas las obligaciones que ello implica, incluyendo la obtención de un permiso que contendrá: a) los valores límite de emisión para determinadas sustancias contaminantes; b) las prescripciones que garanticen la protección del suelo y de las aguas subterráneas, así como las medidas relativas al control y gestión de los residuos generados por la instalación; c) los requisitos en materia de control de las emisiones, incluyendo la metodología de medición, su frecuencia y el procedimiento de evaluación; d) la obligación de comunicar información a la autoridad competente; e) los requisitos adecuados para el mantenimiento y supervisión de las medidas adoptadas para evitar las emisiones al suelo y a las aguas subterráneas; f) las medidas relativas a condiciones distintas de las condiciones normales de funcionamiento, tales como las operaciones de puesta en marcha y parada, las fugas, los fallos de funcionamiento, las paradas momentáneas y el cierre definitivo de la explotación; y g) las condiciones para evaluar el cumplimiento de los valores límite de emisión o una referencia a los requisitos que se especifiquen en cualquier otro lugar.
2º) Introducción de nuevas definiciones sobre contaminación, instalación, valores límite de comportamiento ambiental, transformación industrial profunda, técnicas disponibles, etc, que afectan a la documentación ambiental que debe elaborar el promotor minero dentro de los procedimientos autorizatorios.
3º) Implementación de procedimientos electrónicos y sistemas de permisos electrónicos para las instalaciones. Dichos permisos se concederán tras la consulta a todas las autoridades pertinentes encargadas de velar por el cumplimiento de la legislación aplicable.
4º) Las condiciones de los permisos incluirán cuestiones nuevas como: valores límite de emisión para sustancias contaminantes teniendo en cuenta la variación de la dinámica de flujo en las masas de agua receptoras, valores límite de desempeño ambiental, protección de las aguas superficiales y de las zonas de captación de los puntos de extracción, monitorización del consumo y reutilización de recursos como la energía, el agua y las materias primas, etc.
5º) Se crea un nuevo portal para una información más completa e integrada sobre las emisiones industriales, que sustituye al actual registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes (E-PRTR).
6º) Las instalaciones habrán de dotarse de un Sistema de Gestión Medioambiental (SGA) que incluirá como mínimo: a) objetivos de política ambiental para la mejora continua del desempeño ambiental y la seguridad de la instalación, con medidas para prevenir la generación de residuos, optimizar el uso de recursos, energía y agua, y prevenir o reducir el uso o las emisiones de sustancias peligrosas; b) objetivos e indicadores de rendimiento ambiental relevantes; c) resultados de la auditoría energética, en el caso de las instalaciones sujetas a dicha obligación; d) inventario químico de sustancias peligrosas de la instalación o emitidas por ella; e) medidas para alcanzar los objetivos ambientales y evitar los riesgos para la salud y el medio ambiente y f) plan de trasformación: a más tardar el 30 de junio de 2030, los titulares de industrias mineras deberán incluir en su SGA un documento indicativo en el que se contemplen sus actividades y se exponga cómo se va a transformar la instalación durante el período 2030-2050 para contribuir a una economía sostenible, limpia, circular, eficiente en el uso de los recursos y climáticamente neutra.
7º) Respecto a los valores límite de emisión, la autoridad competente fijará, desde la próxima revisión de los documentos de referencia (BREF), los valores más estrictos que puedan alcanzarse aplicando las MTD en las instalaciones, garantizando que en condiciones normales de funcionamiento las emisiones no los superan. Estos valores límite más estrictos se basarán en una evaluación que tendrá que hacer el titular de la instalación, analizando la viabilidad de cumplir dicho límite y demostrando el mejor desempeño global de la instalación.
8º) Respecto a los valores límite de desempeño ambiental, la autoridad competente establecerá, para las condiciones normales de funcionamiento, rangos vinculantes de desempeño medioambiental que no deban superarse durante uno o varios períodos. Asimismo establecerá valores límite relativos al agua, teniendo en cuenta los posibles efectos entre distintos medios, que no deban superarse durante uno o varios períodos y que no sean menos estrictos que los rangos vinculantes generales; y establecerá niveles indicativos en relación con los residuos y recursos distintos del agua, que no sean menos estrictos que los rangos vinculantes generales. Serán indicativos para las técnicas emergentes.
9º) Se crea el nuevo Centro de Innovación para la Transformación Industrial y las Emisiones (INCITE) cuya sede se encuentra en Sevilla (España). Su función es recopilar y analizar la información sobre las técnicas emergentes y transformadoras que contribuyan a minimizar la contaminación, fomenten la descarbonización, la eficiencia en el uso de recursos y la economía circular.
La trasposición de esta Directiva va a requerir, entre otras, la adaptación de las legislaciones nacionales sobre evaluación de impacto ambiental de proyectos mineros aumentando previsiblemente la complejidad y severidad de los procedimientos autorizatorios, por lo que nos parece poco coherente con los objetivos del RMPF. En nuestro ordenamiento requerirá una modificación del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación de 2016 e implicará nuevas obligaciones para los concesionarios que explotan algunos de los principales yacimientos de minerales metálicos españoles, como es el caso de las minas de hierro, cobre, níquel y zinc que actualmente operan en Andalucía.
La cuestión que no está nada clara es cómo se van a imbricar estas nuevas obligaciones en el procedimiento autorizatorio ambiental hoy vigente. Recordemos que la Ley de Evaluación Ambiental de 2013 ya se refiere a algunos de los aspectos contemplados en la Directiva, como la protección del suelo y las aguas subterráneas, el control de emisiones o la gestión de residuos, por lo que sería de esperar que los nuevos requisitos exigidos a las actividades extractivas sean objeto de evaluación y posterior monitorización a través de los mecanismos previstos para la evaluación ambiental de proyectos. Sin embargo, el artículo 2 del citado texto refundido establece su aplicación a las instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades industriales incluidas en las categorías enumeradas en su Anexo I, por lo que una eventual adaptación del mismo a la modificación de la DEI provocará que buena parte de la minería metálica, actualmente sujeta a evaluación de impacto ambiental de proyectos, pase a estarlo simultáneamente a Autorización Ambiental Integrada (AAI), debiendo aplicarse los mecanismos de coordinación entre ambos procedimientos que prevé el artículo 28 del texto refundido de 2016 o las normas autonómicas que sean de aplicación.
La adaptación del Anexo I del texto refundido de 2016 debería conllevar la simultánea modificación del Anexo I de la Ley de Evaluación Ambiental de 2013, a fin de concretar la autorización a que quedarán sometidos estos proyectos extractivos que, como decimos, será la AAI.
En el caso de Andalucía, región donde se concentra la mayor parte de la minería metálica nacional, puesto que el artículo 57.1 de la Ley 2/2026, de 12 de marzo, para la Gestión Ambiental de Andalucía14, establece que se encuentra sometida a AAI la explotación de las instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades incluidas en el Anexo I del texto refundido estatal, la inclusión en el mismo de la minería metálica conllevará que esta pase a estar sometida a AAI -y no a Autorización Ambiental Unificada (AAU)- como hasta la fecha, lo que supone una mayor complejidad en el procedimiento que puede ralentizar los proyectos extractivos. El procedimiento de AAI será el establecido en el texto refundido estatal y su normativa de desarrollo, con las particularidades previstas el artículo 61 de la norma autonómica. Asimismo, se llevará a cabo de manera coordinada con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, según lo establecido en el artículo 53 de la misma ley andaluza.
De este modo, con la inclusión de gran parte de la minería metálica en el ámbito de la DEI y con las modificaciones introducidas en esta última por la Directiva que comentamos, la AAI se convertirá en el instrumento adecuado para aplicar correctamente el principio de prevención de la contaminación, detectando, evitando o minimizando todos los posibles impactos de la actividad extractiva antes de su entrada en funcionamiento. No olvidemos que el objetivo principal de la AAI es integrar todos los aspectos ambientales relacionados con una actividad industrial (incluida en el Anexo I del texto refundido español) en un documento único donde se establecen las medidas y requisitos de carácter medioambiental (valores límites de emisiones al aire y de vertidos de aguas residuales, residuos producidos y gestionados, etc.) que dicha actividad debe cumplir para su funcionamiento (particularmente mediante la aplicación de las MTD establecidas para cada sector industrial), fomentando al mismo tiempo la prevención en la generación de residuos así como el uso eficiente de la energía, el agua y las materias primas.
Lo que nos resulta en cualquier caso desmesurado es incluir la actividad extractiva y de primer tratamiento de algunos minerales (como el hierro) en el Anexo I de la DEI ya que se trata de elementos cuyos residuos suelen tener carácter inerte, por lo que deducimos que su inclusión obedece fundamentalmente a la posibilidad de afección a los acuíferos, propia de las grandes explotaciones mineras.
En definitiva, la nueva norma supone una transformación relevante del régimen jurídico ambiental de la minería metálica, al aproximar determinadas actividades de extracción y tratamiento del mineral al sistema integrado de prevención y control propio de la DEI, superando parcialmente el modelo anterior, basado en la Directiva 2006/21/CE sobre residuos de industrias extractivas y en los instrumentos generales de evaluación y responsabilidad ambiental.
Por otro lado, ya se ha referido cómo la Directiva comentada afectará a los documentos BREF. Los Documentos de Referencia sobre Mejores Técnicas Disponibles o BAT Reference Documents comenzaron a elaborarse precisamente con la entrada en vigor de la primera Directiva IPPC, si bien ahora deberán ser revisados y adaptados al nuevo marco legal. Se trata de documentos-guía que reúnen toda la información relacionada con las MTD para la prevención y el control de la contaminación ambiental por parte de las industrias europeas. Su objetivo es servir como directriz para la moderación ecológica y ambiental de todos los sujetos involucrados en las actividades industriales orientando a las empresas sobre la documentación necesaria para solicitar permisos ambientales, informando a las autoridades sobre los valores límites de emisión por los cuales deben velar, etc.
El mecanismo para la aprobación de los BREF implica un intercambio de información entre los distintos agentes implicados: industria, Administración de los Estados miembros y ONG´s medioambientales. La coordinación y redacción de estos trabajos la realiza el IPPC Bureau, organismo designado por la Comisión Europea dentro del Joint Research Center, una de cuyas sedes está en Sevilla.
Hasta ahora se han publicado varios documentos BREF que afectan a la industria minera, ya sea con carácter general (ENE: sobre eficiencia energética en 2009; o ROM, sobre monitorización de emisiones al agua y al aire, en 2018); con aplicación al petróleo y sus derivados (HC: sobre exploración y extracción de hidrocarburos, en 2019); o con aplicación a la industria transformadora (CLM, sobre fabricación de cemento, cal y óxido de magnesio, en 2013; FMP, sobre procesos de metales férreos, en 2022; IS, sobre producción siderúrgica, en 2012; NFM, sobre industrias de metales no ferrosos, en 2016; REF, sobre refino de petróleo y gas, en 2014; etc).
La minería extractiva de recursos metálicos es objeto del documento BREF MTWR, sobre gestión de residuos de las industrias extractivas, publicado en 2018, pero carece aún de un documento específico que abarque la extracción de minerales a escala industrial, incluidas las operaciones de tratamiento. No obstante, en la actualidad se está elaborando un nuevo BREF que sí contempla parcialmente la extracción de minerales a escala industrial, incluidas las operaciones de tratamiento in situ, como la trituración, el control del tamaño, el beneficio y la mejora. Su alcance incluirá cuestiones medioambientales clave como las emisiones al aire y al agua, consumo de energía, gestión del agua, empleo de productos químicos en los procesos, economía circular, generación y gestión de residuos, descarbonización, emisiones de CO2 y otros aspectos relevantes para el desarrollo de la actividad.
EL REGLAMENTO SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
La Inteligencia Artificial (IA) implica el uso de la tecnología digital para crear sistemas que puedan realizar tareas que, por lo general, requieren inteligencia humana. La IA se utiliza ya en muchas aplicaciones cotidianas, como asistentes virtuales, diagnósticos médicos, traducciones automáticas, herramientas de navegación, controles de calidad en la fabricación o predicción de catástrofes naturales, y está contribuyendo a una economía más innovadora, eficiente, sostenible y competitiva, mejorando al mismo tiempo la seguridad, la educación y la atención sanitaria de los ciudadanos.
Actualmente, la IA se ha consolidado también como una herramienta útil para los procesos de la industria minera, ayudando a optimizar las operaciones mineras volviéndolas más seguras, eficientes y productivas.
Dada la complejidad de los procesos metalúrgicos, la IA está teniendo una penetración más lenta que en otros sectores industriales -como la siderurgia-; sin embargo, su valor intrínseco debe verse en su capacidad para mejorar la toma de decisiones. Los algoritmos de aprendizaje automático permiten analizar grandes conjuntos de datos favoreciendo la productividad y la eficacia en la adopción de elecciones estratégicas. Además, la automatización de equipos mediante algoritmos inteligentes no solo reduce los tiempos de inactividad sino que también maximiza la eficiencia de las operaciones mineras. De este modo, es cada vez más frecuente el empleo de la IA en la planificación minera (simulación de planes de minado, monitoreo y control de operaciones), labores de perforación y voladura (predicción de la fragmentación, optimización de patrones de perforación, control de explosivos), seguridad y salud (predicción de fatiga en los operarios, monitoreo de condiciones laborales, análisis de riesgos), operaciones con maquinaria pesada (automatización de equipos, mantenimiento predictivo), labores de exploración y prospección (análisis de datos geológicos, proyecciones, procesamiento de imágenes artificiales), logística y gestión de inventario, etc.
El Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial, es la primera norma a nivel mundial sobre este particular y viene a establecer un marco regulador cuyo objetivo es garantizar que los sistemas de IA sean seguros y respeten la legislación y los derechos y valores fundamentales de la UE.
La disposición define el “sistema de IA” como el basado en una máquina que está diseñado para funcionar con distintos niveles de autonomía, que puede mostrar capacidad de adaptación tras el despliegue y que -para objetivos explícitos o implícitos- infiere de la información de entrada que recibe la manera de generar resultados de salida, como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos o virtuales. Para su regulación adopta un enfoque basado en el riesgo que puede derivarse de su uso, estableciendo requisitos y obligaciones a los diversos participantes en la cadena de valor. Las obligaciones no se limitan a los proveedores de sistemas de IA sino que alcanzan también, entre otros, a quienes utilizan IA para fines profesionales (como ocurre en las empresas mineras): los llamados “responsables del despliegue”.
Junto a sistemas que se consideran de riesgo inaceptable y que quedan completamente prohibidos, el Reglamento identifica otros sistemas de alto riesgo que obligan a estos responsables a adoptar las medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar que utilizan dichos sistemas con arreglo a las instrucciones de uso que los acompañen; a encomendar la supervisión humana a personas físicas que tengan la competencia, la formación y la autoridad necesarias; a asegurarse de que los datos de entrada sean pertinentes y suficientemente representativos; a vigilar el funcionamiento del sistema e informar de riesgos e incidentes; a conservar los archivos de registro que se generen o a informar a los trabajadores y a sus representantes legales antes de su implantación.
Dentro de los ocho ámbitos de sistemas de alto riesgo que distingue el Anexo III del Reglamento (biometría, infraestructuras críticas, educación y formación profesional, empleo, servicios esenciales, garantía de cumplimiento del Derecho, emigración y control fronterizo, Administración de justicia y procesos democráticos), solo el referente a empleo, gestión de los trabajadores y acceso al autoempleo parece directamente aplicable a las empresas mineras, e incluye los sistemas de IA destinados a ser utilizados para la contratación o la selección de personas físicas, en particular para publicar anuncios de empleo específicos, analizar y filtrar las solicitudes de empleo y evaluar a los candidatos, así como los sistemas de IA destinados a ser utilizados para tomar decisiones que afecten a las condiciones de las relaciones de índole laboral o a la promoción y rescisión de relaciones contractuales de índole laboral, para la asignación de tareas a partir de comportamientos individuales o rasgos o características personales o para supervisar y evaluar el rendimiento y el comportamiento de las personas en el marco de dichas relaciones.
No obstante, el artículo 6.1 de la norma -al establecer que se considerará de alto riesgo cualquier sistema de IA que esté destinado a ser utilizado como componente de seguridad de un producto que entre en el ámbito de aplicación de los actos legislativos de armonización de la UE enumerados en su Anexo I-permite extender esta consideración a los sistemas de IA que sean componentes de seguridad de la maquinaria minera autónoma o semiautónoma empleada cada vez con mayor profusión en las labores extractivas.
Por lo demás, atendiendo a las características del software y de las tecnologías que emplean los sistemas de IA usados en explotaciones mineras, resulta sorprendentemente escasa la virtualidad de este Reglamento sobre las operaciones de la industria extractiva.
A nuestro juicio, sin embargo, la caracterización de determinadas materias primas minerales como “críticas” o “estratégicas” por el RMPF debería llevarnos a sopesar si las explotaciones mineras europeas donde se obtienen los minerales esenciales para las tecnologías que permiten el suministro de electricidad a partir de energías renovables o el funcionamiento de las infraestructuras digitales críticas, no merecerían la consideración, a su vez, de infraestructuras “críticas” a los efectos de este Reglamento. No olvidemos que, conforme al artículo 2.4 de la Directiva (UE) 2022/2557, se entiende por infraestructura crítica todo “elemento, instalación, equipo, red o sistema, o parte de un elemento, instalación, equipo, red o sistema, que es necesario para la prestación de un servicio esencial”, considerando por tal “un servicio que es crucial para el mantenimiento de funciones sociales vitales, las actividades económicas, la salud pública y la seguridad, o el medio ambiente”.
La minería metálica, y en particular la que tiene por objeto las materias primas críticas, se configura actualmente como un sector fundamental para el desarrollo de las actividades económicas en la UE, sus estrategias de seguridad y defensa y la protección del medio ambienta a través del proceso de transición energética, por lo que parecería justificada su consideración en ciertos casos como “servicio esencial” con una aplicación mucho más evidente de la nueva Directiva sobre IA.
EL REGLAMENTO SOBRE LA INDUSTRIA DE CERO EMISIONES NETAS
Dentro de las iniciativas derivadas del Pacto Verde Europeo, el nuevo Reglamento (UE) 2024/1735 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establece un marco de medidas para reforzar el ecosistema europeo de fabricación de tecnologías de cero emisiones netas y se modifica el Reglamento (UE) 2018/1724 (Net-Zero Industry Act o NZIA), pretende configurarse -junto al RMPF y la reforma del mercado de la electricidad- como una de las piedras angulares de la nueva política industrial europea con la finalidad de mejorar el funcionamiento del mercado interior mediante el establecimiento de un marco que garantice a la UE un suministro seguro y sostenible de tecnologías de cero emisiones netas, a fin de proteger su resiliencia y al mismo tiempo contribuir a lograr los objetivos climáticos de la UE y la neutralidad climática, mejorando también la competitividad de su industria.
Para ello, el NZIA establece medidas que tienen por objeto: a) reducir el riesgo de alteraciones del suministro relacionadas con las tecnologías de cero emisiones netas que puedan distorsionar la competencia y fragmentar el mercado interior, en particular determinando la capacidad de fabricación de tecnologías de cero emisiones netas, sus cadenas de suministro y apoyando su expansión; b) crear un mercado de la UE para los servicios de almacenamiento de CO2; c) fomentar la demanda de tecnologías de cero emisiones netas sostenibles y resilientes a través de procedimientos de contratación pública, subastas y otras formas de intervención pública; d) apoyar la formación y de este modo proteger y crear empleo de calidad; e) apoyar la innovación mediante la creación de espacios controlados de pruebas de cero emisiones netas; y f) mejorar la capacidad de la UE para hacer un seguimiento y reducir los riesgos para el suministro relacionados con las tecnologías de cero emisiones netas.
En este sentido, el NZIA es un complemento indispensable del RMPF centrándose en la fabricación de tecnologías de cero emisiones netas en lo relativo a productos finales, componentes y maquinaria específica utilizados principalmente para producirlos, en tanto que el RMPF se refiere a las fases iniciales de la cadena de suministro, y en particular a determinadas materias primas minerales y a su extracción, transformación y reciclado. Estas tecnologías de cero emisiones son indispensables para un amplio conjunto de sectores estratégicos, como la industria digital y los sectores aeroespacial y de la defensa. Siguiendo la misma lógica de fomentar un modelo de negocio, mejorar y proporcionar las capacidades adecuadas y apoyar las inversiones, ambas normas se complementan para crear sinergias de apoyo normativo en toda la cadena de suministro para la fabricación de tecnologías de cero emisiones netas en la UE.
Si bien los recursos minerales incluidos en el ámbito de aplicación del RMPF quedan excluidos del NZIA, varias de sus disposiciones tienen incidencia sobre la industria extractiva y, mayormente, sobre la industria metalúrgica.
Por un lado, hay que tener en cuenta que muchos componentes específicos de la cadena de suministro de tecnologías de cero emisiones netas se producen mediante procesos con un consumo energético muy elevado, como ocurre en los sectores del acero, el aluminio y los metales no férreos; sin embargo, el Reglamento (UE) 2021/1119 exige una rápida descarbonización de la economía de la UE. Habida cuenta de que en 2019 las industrias de gran consumo de energía representaban el 17% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en la UE, su descarbonización es indispensable para alcanzar la neutralidad climática. Esto significa que el suministro de esos componentes específicos también dependerá de la intensificación de las actividades de descarbonización en las industrias de gran consumo de energía, como la metalúrgica y la siderúrgica. Por eso, cualquier proyecto que incluya la construcción o conversión de instalaciones de este tipo debe conseguir una reducción considerable de las emisiones de CO2.
Por otro lado, las tecnologías de cero emisiones más importantes (instalaciones fotovoltaicas, equipos para el aprovechamiento de energías renovables, baterías y sistemas de almacenamiento de energía, redes de transporte de electricidad, etc) requieren el uso masivo de determinadas materias primas minerales, fundamentalmente metálicas, (cobre, litio, silicio, molibdeno, etc) que han de extraerse necesariamente de yacimientos mineros o de procesos de recuperación y reciclado (escoriales, residuos, “minería urbana”, etc).
Adicionalmente, el NZIA apuesta decididamente por el almacenamiento estratégico de CO2 y la implantación de proyectos conexos de captura y transporte del mismo. Para las instituciones europeas, la captura y el almacenamiento de carbono es una tecnología que contribuirá a mitigar el cambio climático; consiste en capturar el CO2 emitido por las instalaciones industriales, transportarlo a un emplazamiento de almacenamiento e inyectarlo en una formación geológica subterránea adecuada a efectos de su almacenamiento permanente, evitando así su emisión a la atmósfera. La regulación de estos emplazamientos de almacenamiento de carbono corresponderá en la mayoría de los casos a las normativas mineras nacionales al considerarse que las estructuras subterráneas (como los depósitos de gas y petróleo o las explotaciones mineras subterráneas agotadas) reúnen, a priori, las condiciones técnicas y económicas más favorables.
Los grandes retos que plantea el NZIA para la minería y la industria de transformación de los metales son el acceso a una electricidad descarbonizada competitiva a nivel internacional, el apoyo financiero para los gastos de capital y los gastos operativos, la aceleración de los procedimientos de concesión de permisos, la creación de mercados para los productos con bajas emisiones de carbono, la estabilidad normativa y la necesidad de medidas eficaces contra el riesgo de fuga de carbono, esto es, contra la práctica de algunas empresas de trasladarse a otros países con un marco regulatorio sobre emisión de gases menos estricto que el europeo. Sin estas premisas resulta ciertamente difícil abordar las enormes inversiones que requiere la reconversión de estos sectores en auténticas industrias de cero emisiones.
Puesto que los proyectos mineros y metalúrgicos requieren, en general, un alto capital para las inversiones iniciales en etapas tempranas de su ciclo de vida, es probable que estos costes (Capex) se combinen con unos costes operativos (Opex) significativamente más altos para los procesos de producción con bajas emisiones de carbono, en particular por el tránsito hacia fuentes de energía limpia. No olvidemos que la descarbonización de la minería se basa actualmente en tres pilares: electrificación directa, electrificación indirecta con hidrógeno y sistemas de captura y almacenamiento o utilización de carbono (CCS/CCU) que están aún en fase embrionaria. Por ello, el NZIA debería haber reconocido las singularidades de este sector y fomentar con medidas más contundentes la compra de productos con bajas emisiones de carbono a través de una estrategia específica que no ha sido inicialmente prevista.
Finalmente, la futura legislación minera y sobre el sector metalúrgico debería considerar cuestiones como la falta de coherencia entre algunos pilares y objetivos regulatorios y la complejidad del marco legal que afecta a las industrias extractivas y transformadoras.
EL REGLAMENTO SOBRE RESTAURACIÓN DE LA NATURALEZA
También derivado del Pacto Verde Europeo y de la nueva Estrategia sobre biodiversidad hecha pública en 2020, hemos de resaltar el Reglamento (UE) 2024/1991 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2024, relativo a la restauración de la naturaleza y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2022/869. Esta norma tiene por objeto principal establecer medidas para restaurar al menos el 20% de las zonas terrestres y marítimas de la UE incluidas en su ámbito de aplicación de aquí a 2030 y todos los ecosistemas que necesiten restauración de aquí a 2050, contribuyendo así a mitigar el cambio climático y los efectos de las catástrofes naturales, y a cumplir los compromisos internacionales de la UE en materia de medio ambiente. En términos semejantes a los que en su día estableció la Directiva Marco de Aguas respecto a la consecución y mantenimiento del “buen estado” de las masas de agua, se pretende ahora recuperar ecosistemas degradados, especialmente aquellos con mayor potencial de captura y almacenamiento de carbono, así como prevenir catástrofes naturales y reducir su impacto cuando se produzcan.
Entre otras prescripciones, su artículo 14 establece la obligación para los Estados miembros de elaborar “planes nacionales de restauración” y llevar a cabo las investigaciones y el seguimiento preparatorios pertinentes para determinar las medidas de restauración necesarias para cumplir las obligaciones de restauración y los objetivos establecidos en el Reglamento, medidas entre las que se incluye “convertir zonas industriales abandonadas, antiguas zonas industriales y canteras en espacios naturales” (Anexo VII, 33).
Además de las adaptaciones que exigirán las normas nacionales sobre biodiversidad, este Reglamento obligará a hacer adaptaciones en la legislación interna sobre evaluación de impacto ambiental de planes y proyectos, pues se requerirá un análisis más detallado del estado de conservación de los hábitats terrestres y marinos objeto de protección -y particularmente de la Red Natura 2000- a fin de que cualquier actuación prevista en su entorno no suponga una degradación de su estado de conservación. Además, los Estados miembros habrán de realizar un inventario de las superficies que deban restaurarse para cumplir los objetivos del Reglamento que, de facto, dificultará aun más la implantación de actividades mineras, ya de por sí muy limitada en algunos paises con la actual planificación de espacios naturales protegidos.
Las operaciones extractivas, particularmente nocivas para la biodiversidad si no se gestionan de manera adecuada, habrán de reconsiderar las técnicas habituales de restauración consistentes la más de las veces en la forestación, pues la mejora en la cantidad y calidad de los hábitats naturales puede exigir soluciones más imaginativas que habrán de concretarse caso por caso. A su vez, el cambio de estrategia que sugiere este Reglamento debería llevar a una actualización de la Directiva 2006/21/CE pues resulta evidente que la restauración de espacios mineros ya no tiene como principal objetivo “prevenir o reducir en la medida de lo posible” los efectos adversos que sobre el medio ambiente puedan producir la investigación y aprovechamiento de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos, sino obtener una mejora real, hasta que se encuentren en buena condición, las zonas de los tipos de hábitats incluidos en su ámbito de aplicación, entendiendo por tal “un estado en el que las características fundamentales del tipo de hábitat, en particular su estructura, funciones y las especies típicas o la composición de las especies típicas, reflejen el alto nivel de integridad, estabilidad y resiliencia ecológicas necesario para garantizar su mantenimiento a largo plazo y, por lo tanto, contribuyan a alcanzar o a mantener un estado de conservación favorable” (artículo 3.4 del nuevo Reglamento).
Y al igual que ocurría en la Directiva Marco de Aguas, existen excepciones a la obligación de mejora continua y de evitar el deterioro de los hábitats naturales33. Fuera de los espacios Natura 2000 habrá que tener en cuenta el resultado de un plan o proyecto de interés público superior para el que no se disponga de soluciones alternativas menos perjudiciales. Para los espacios Natura 2000, los planes y proyectos deben autorizarse de conformidad con el artículo 6, apartado 4, de la Directiva 92/43/CEE. Cuando no existan alternativas, los Estados miembros conservarán la posibilidad de aplicar el requisito de no deterioro a escala de cada región biogeográfica de su territorio para cada tipo de hábitat y cada hábitat de especies, posibilidad que debe permitirse en determinadas condiciones, incluida la adopción de medidas compensatorias para cada deterioro significativo.
LA DIRECTIVA SOBRE VIGILANCIA DEL SUELO
La Estrategia de la UE para la Protección del Suelo, presentada por la Comisión en 202134, consideraba la falta de una legislación específica como una de las principales causas del alarmante estado de degradación de los suelos en la UE. Para garantizar al suelo el mismo nivel de protección que ya existe para el agua, el medio marino y el aire, y en línea nuevamente con el Pacto Verde Europeo, se adoptó la Directiva (UE) 2025/2360 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de noviembre de 2025, relativa a la vigilancia y la resiliencia del suelo.
El objetivo a largo plazo de la norma es lograr unos suelos sanos para 2050. Sin embargo, considerando los limitados conocimientos sobre el estado de los suelos y sobre la eficacia y los costes de las medidas para regenerar su salud, esta Directiva se centra en el establecimiento de un simple marco de vigilancia y evaluación que permita posteriormente la adopción de las medidas necesarias para alcanzar el referido objetivo.
La minería a cielo abierto y la explotación de canteras se consideran por la Directiva actividades típicas de eliminación temporal o a largo plazo de la capa superficial del suelo y, a veces, del subsuelo en una zona, por lo que deben ser objeto de seguimiento junto con sus efectos en la capacidad del suelo para prestar servicios ecosistémicos. Además, la minería histórica ha dejado con frecuencia suelos contaminados que pueden plantear riesgos, presentes y futuros, para la salud humana y el medio ambiente. Por tanto es necesario, en primer lugar, identificar e investigar los terrenos potencialmente contaminados y, en segundo lugar, caso de confirmarse la contaminación, evaluar los riesgos que plantea el terreno contaminado y adoptar medidas para afrontar los riesgos inaceptables. A tal fin la norma ofrece unos descriptores del suelo, criterios para determinar su estado de salud e indicadores de sellado y eliminación del suelo.
Para acotar la vigilancia y gestión de los suelos, la Directiva introduce los conceptos de “unidades” y “distritos” del suelo, cuya determinación corresponde a los Estados. En cualquier caso, los distritos deberán ser reflejo de los territorios administrativos bajo la responsabilidad de estructuras de gobernanza adecuadas y comprenderán la totalidad de una o varias unidades del suelo. Por su parte, las unidades del suelo deberán mostrar cierto grado de homogeneidad estadística para la vigilancia y la evaluación de la salud.
Los Estados miembros serán los encargados de garantizar una adecuada evaluación de estos terrenos, de establecer la metodología oportuna al efecto y de determinar qué constituye un riesgo inaceptable para la salud humana y medioambiental en cada caso. Asimismo, los Estados deberán asegurar que se adoptan las medidas de reducción del riesgo apropiadas para reducir a un nivel aceptable los riesgos para la salud humana y el medio ambiente. En apoyo de estas obligaciones, los Estados deberán crear un inventario de terrenos potencialmente contaminados y terrenos contaminados a más tardar el 17 de diciembre de 2035.
A los efectos de identificar los terrenos potencialmente contaminados, los Estados miembros establecerán una lista de actividades potencialmente contaminantes atendiendo a una serie de criterios, entre los que se encuentra la inclusión de la actividad en el Anexo I de la Directiva 2010/75/UE, lo que implicará que las explotaciones de minería metálica a que se refiere el artículo 3.6 de dicho Anexo pasarán a considerarse -desde la aprobación de estas listas nacionales- terrenos potencialmente contaminados, requiriendo una particular investigación y evaluación de riesgos (artículo 15) que podrá concluir en la adopción de las medidas a que se refiere el Anexo IV de la nueva norma (técnicas de saneamiento, restricciones en la extracción o gestión del agua, MTD, etc).
LA DIRECTIVA SOBRE LA CALIDAD DE AGUAS
El agua es un elemento esencial para la implantación y desarrollo de las explotaciones de minerales metálicos, siendo su planificación y gestión uno de los aspectos más complejos de los proyectos mineros. A pesar de que la minería consume pocos recursos hídricos en comparación con la agricultura o las necesidades urbanas, las potenciales afecciones por alteraciones en el nivel de los acuíferos o eventuales episodios de contaminación, exigen un especial control de cualquier operación susceptible de incidir sobre el estado cuantitativo y cualitativo de las aguas continentales o sobre cualquier otro elemento del dominio público hidráulico.
La Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, por la que se establece el marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas -la conocida Directiva Marco de Aguas (DMA)- ha sido hasta ahora la norma europea más determinante para la unificación de las políticas y actuaciones en materia de gestión de aguas en el ámbito de la UE, siendo especialmente relevante para el desarrollo de las actividades extractivas en el Continente.
El marco regulatorio inicial que establecía esta norma -enfocado a la protección de las aguas- era muy amplio aunque no pretendía abordar una regulación general del dominio público hidráulico ni pronunciarse sobre la titularidad pública o privada del recurso, la regulación de su uso, la policía de aguas, la organización de la Administración hidráulica o su régimen económico-financiero, cuestiones todas ellas atendidas por las legislaciones nacionales. En consecuencia, la Directiva debía entenderse como un texto básico que incide de forma directa sobre aspectos esencialmente ambientales de las aguas, estableciendo los objetivos ecológicos de las masas de agua superficiales y subterráneas y de las zonas protegidas, cuyo logro es una obligación para los Estados miembros. En el caso de las aguas subterráneas -las más importantes para la minería metálica- los Estados miembros habrán de aplicar las medidas necesarias para evitar o limitar la entrada de contaminantes y evitar el deterioro del estado de todas las masas de agua protegiendo, mejorando y regenerando las mismas y garantizando un equilibrio entre la extracción y la entrada o retorno de dichas aguas con objeto de alcanzar su buen estado.
La necesidad de actualizar las normas de calidad ambiental, ampliar el control sobre contaminantes -incluidos los emergentes- y reforzar los mecanismos de seguimiento, han llevado a la aprobación de la Directiva (UE) 2026/805 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2026, por la que se modifican la citada Directiva 2000/60/CE, la Directiva 2006/118/CE, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DAS), y la Directiva 2008/105/CE, relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas (DNCA). Y es que, en efecto, la nueva norma parte de la constatación de que, pese a los avances logrados por la legislación vigente, el estado de una parte significativa de las masas de agua de la UE sigue siendo deficiente. El propio texto recuerda que, según la información comunicada por los Estados miembros de cara al informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente titulado El estado del agua en Europa 2024, en 2021, solo en torno al 75% de las masas de agua subterránea presentaban buen estado químico, mientras que en las aguas superficiales el porcentaje con buen estado químico era notablemente inferior.
A partir de este diagnóstico, la modificación de las citadas Directivas pretende mejorar la eficacia del marco normativo mediante una actualización de las normas de calidad, una mejor identificación de riesgos y una mayor integración entre seguimiento, planificación hidrológica y medidas de reducción de la contaminación en origen.
La nueva norma, cuyo plazo de trasposición por los Estados miembros concluye el 21 de diciembre de 2027, introduce importantes novedades:
a) Se actualiza el contenido de las normas afectadas ofreciendo nuevos conceptos y definiciones.
b) Se revisan y completan las listas de sustancias prioritarias y contaminantes de aguas superficiales y subterráneas, introduciendo nuevas normas de calidad ambiental más estrictas, incorporando contaminantes emergentes y previendo la posibilidad de establecer normas relativas a la suma de sustancias.
c) Se introducen métodos de evaluación más avanzados, impulsando la utilización de técnicas de seguimiento, análisis de riesgos acumulativos derivados de mezclas de sustancias y usos de nuevas tecnologías de monitorización, incluidas herramientas digitales o teledetección.
d) Se amplía el alcance del estado químico de las aguas superficiales para incluir “contaminantes específicos de las cuencas hidrográficas”, definiéndolos como aquellos que no son sustancias prioritarias (o han dejado de ser identificados como tales) pero que los Estados miembros han identificado -por su vertido o depósito en cantidades significativas en una determinada cuenca hidrográfica o subcuenca-, como factores de riesgo significativo para el medio acuático, o a través de él, de su territorio. Estos contaminantes, entre los que se incluye una categoría de metales y sus compuestos, pasarán a contar con Normas de Calidad Ambiental (NCA) específicas. Además, minerales como el cadmio, el plomo y el mercurio quedan catalogados como sustancias peligrosas prioritarias, y la plata se incorpora exigiendo una NCA.
e) Se introducen mecanismos de armonización de valores umbral y normas aplicables a determinados contaminantes, así como medidas orientadas a mejorar la comparabilidad del estado de las masas de agua entre Estados miembros.
f) Se refuerzan las obligaciones de seguimiento y reporte, mediante el incremento de la frecuencia y la sistematización de la información que los Estados miembros deben proporcionar.
g) Se refuerzan las garantías de acceso a la justicia en materia de aguas, obligando a los Estados miembros a asegurar que el público interesado pueda impugnar judicial o administrativamente determinadas decisiones, acciones u omisiones comprendidas en el ámbito de la DMA, en consonancia con el Convenio de Aarhus.
Con especial incidencia en la autorización de nuevos proyectos mineros o de transformación de metales, esta Directiva 2026/805 ha introducido en su artículo 1.3) dos nuevas exenciones para cubrir las repercusiones a corto plazo que afectan a las masas de agua y el deterioro del estado químico como consecuencia de la reubicación de contaminantes sin un aumento global de la contaminación.
La primera exención, relativa a proyectos que solo tienen repercusiones a corto plazo en las masas de agua, no exige la previa declaración de “interés público superior” ni que sus objetivos no puedan alcanzarse con mejores alternativas ambientales. Mediante una evaluación preliminar fiable (que puede basarse en la experiencia previa con otras actuaciones similares, informes de expertos o modelización), podrá autorizarse un nuevo proyecto si se concluye que sus efectos negativos en una masa de agua no durarán más de un año (cuando se vean afectados elementos químicos o fisicoquímicos) o más de tres años (cuando se vean afectados indicadores de calidad biológicos). En cualquier caso, será necesaria una verificación posterior para confirmar la naturaleza a corto plazo de las repercusiones, utilizando para ello los mecanismos de seguimiento ya previstos en la DMA u otros adicionales. Esta disposición resulta
especialmente interesante para las labores de exploración e investigación minera o para los ensayos industriales en plantas metalúrgicas, cuyas repercusiones negativas sobre el medio ambiente suelen estar muy acotadas en el tiempo.
La segunda exención, que tampoco exige la presencia de un “interés público superior”, se refiere a proyectos o actividades específicos que puedan provocar un deterioro del estado químico de una masa de agua como consecuencia del traslado de aguas o sedimentos contaminados ya existentes (es decir, no procedentes de nuevos vertidos) de una masa de agua superficial a la misma u otra, o de una masa de agua subterránea a una masa de agua superficial, sin que ello suponga un aumento neto de la carga contaminante y siempre que se cumplan determinadas condiciones. La reubicación está sujeta a regulación o autorización previas y no debe haber mejores opciones medioambientales por razones de viabilidad técnica o costes desproporcionados. En cualquier caso, deben tomarse todas las medidas posibles para minimizar las repercusiones en la masa de agua receptora y evitar un aumento del riesgo global para la salud humana y el medio ambiente incluyendo, cuando sea posible, el tratamiento del agua y los sedimentos. Esta exención reviste especial trascendencia en la gran
minería metálica, que suele requerir importantes operaciones de drenaje y traslado de aguas subterráneas a masas de agua superficial cercanas, y que opera en zonas con importantes niveles de contaminación preexistentes.
Adicionalmente, en el marco del plan de acción ReSourceEU, la Comisión ha presentado una guía o documento de orientación para permitir una aplicación más sencilla y armonizada de la legislación de la UE en materia de permisos medioambientales, incluidos los aspectos relacionados con el sector minero. La aplicación incoherente de la DMA dentro de los Estados miembros ha acabado afectando a la resiliencia hídrica y a los costes y probabilidad de obtener un permiso, que son consideraciones clave para las decisiones de inversión en el sector de las materias primas fundamentales.
El objetivo de la guía es, precisamente, reducir las incertidumbres relativas a los procedimientos de evaluación medioambiental derivada de la DMA y examinar las disposiciones existentes que permiten a los Estados miembros fijar objetivos medioambientales inferiores cuando no existen medidas viables para lograr un buen estado de las aguas o cuando el buen estado solo puede alcanzarse incurriendo en costes desproporcionados, lo que resulta especialmente importante para la renovación de permisos de instalaciones o actividades ya existentes.
En particular, la guía explica las posibilidades de los Estados miembros a la hora de evaluar el estado químico de las aguas y su posible deterioro, haciendo hincapié en que los objetivos de la DMA deben alcanzarse a escala de una masa de agua en su conjunto. Además, destaca que la DNCA reconoce que determinadas actividades mineras o industriales no puedan reducir la concentración de uno o varios contaminantes en sus efluentes por debajo de la NCA aplicable, lo que implica superar la concentración de contaminación en las proximidades del punto de vertido. Por ello, la DNCA prevé la designación de “zonas de mezcla” en las que se acepte la superación de las NCA para un contaminante a partir de ese punto de vertido, siempre que se cumplan las NCA en la masa de agua en su conjunto.
Además, la guía orienta sobre la aplicación de las controvertidas exenciones del artículo 4 de la DMA, apartados 7, 7 bis y 7 ter, que facultan a los Estados miembros para autorizar proyectos que puedan dar lugar al deterioro del estado de una masa de agua, si bien dicha norma no podrá interpretarse nunca en el sentido de que permita el deterioro del estado químico de una masa de agua debido a vertidos directos de contaminantes.
Por último, la guía recuerda que en el caso de las actividades existentes, incluidas las actividades mineras, pueden aplicarse otras exenciones a la hora de revisar los permisos o autorizaciones. Esto significa que pueden establecerse prórrogas del plazo más allá de 2027 (si así lo justifican las condiciones naturales) y objetivos medioambientales inferiores en determinadas condiciones más allá de 2027, de conformidad con el artículo 4, apartados 4 y 5 de la DMA.
PROYECTOS NORMATIVOS PENDIENTES DE APROBACIÓN
A la fecha de redacción de este trabajo son varias las iniciativas -particularmente de la Comisión- que pueden acabar alterando el régimen normativo-ambiental de la industria minera europea, de las que destacaremos las tres más llamativas.
La primera es la inminente modificación del propio RMPF. El mismo plan de acción RESourceEU recoge medidas para acelerar los esfuerzos destinados a garantizar el suministro de materias primas críticas en sectores industriales clave (como la industria automovilística, la IA y la defensa) en un contexto de intensos conflictos geopolíticos (entre ellos los arancelarios) que afectan al aprovisionamiento de estos materiales. Las modificaciones hasta ahora propuestas por las instituciones europeas pretenden fundamentalmente mejorar la circularidad con el objetivo de aumentar la capacidad de reciclado y reforzar el mercado secundario de materias primas fundamentales, en particular en lo que respecta a los imanes permanentes, así como incrementar las convocatorias
anuales para la declaración de proyectos estratégicos o trasladar a la Comisión la identificación de las grandes empresas que utilizan materias primas estratégicas y están sujetas a obligaciones de evaluación y mitigación de riesgos. En suma, pocas propuestas que afecten directamente al sector extractivo y que cubran las palpables lagunas del RMPF en este particular ámbito. Se echa en falta una apuesta decidida por la industria minera europea aumentando el elenco de materias primas consideradas “críticas” o “estratégicas” o abordando de una vez el problema ya ancestral de la incardinación de la actividad extractiva en la planificación del territorio, donde la primacía de criterios estrictamente ambientales o urbanísticos está limitando extraordinariamente la implantación de proyectos mineros que son esenciales para el abastecimiento de recursos críticos.
Por su parte, el llamado paquete Environmental Omnibus VIII forma parte de la estrategia europea de simplificación normativa impulsada por la Comisión desde 202550 para reducir cargas administrativas y mejorar la competitividad de la economía europea, manteniendo al mismo tiempo los estándares de protección ambiental establecidos en la legislación comunitaria.
Junto a modificaciones y ajustes de diversa índole sobre una amplia normativa ambiental, el paquete incorpora una propuesta de reglamento sobre aceleración de evaluaciones ambientales que si bien no modifica directamente las normas sobre evaluación, sí establece un marco procedimental común para coordinar y acelerar la aplicación de la evaluación de impacto ambiental, la evaluación ambiental estratégica y otras evaluaciones ambientales previstas en el Derecho europeo.
En el caso de planes, programas o proyectos en los que la obligación de llevar a cabo evaluaciones de impacto ambiental surja simultáneamente de dos o más de las disposiciones que enuncia la propuesta (DMA, Directiva de Evaluación Ambiental Estratégica, Directiva de Aves, Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental y Directiva Hábitats), los Estados establecerán un único procedimiento coordinado o conjunto que cumpla todos los requisitos de dichas normas (curiosamente no se ha incluido la DEI). En el procedimiento coordinado, una única autoridad competente coordinará las diversas evaluaciones individuales del impacto ambiental de un determinado plan, programa o proyecto y realizará una evaluación única de su impacto ambiental. Para ello, los Estados establecerán mecanismos apropiados de coordinación a nivel estratégico y de proyecto entre todas las autoridades que intervengan en las evaluaciones ambientales o en los procedimientos de cribado. Cuando un plan, programa o proyecto esté sujeto a un procedimiento coordinado en virtud de las Directivas de Evaluación Ambiental Estratégica y de Evaluación de Impacto Ambiental, se combinarán los pasos procedimentales previstos en ellas. De acuerdo con los considerandos de la propuesta, esta combinación de evaluaciones no debe afectar ni a su contenido ni a su calidad, ni debe dar lugar a una reducción del nivel de protección ambiental. De lo que se trata es de evitar solapamientos e incoherencias entre los distintos regímenes aplicables. Por consiguiente, cuando una actuación exija la evaluación ambiental del plan o programa y de los proyectos que de ellos se deriven, la propuesta prevé una tramitación coordinada y simultánea de ambos procedimientos de evaluación.
Por último, la llamada Ley de Aceleración Industrial (Industrial Accelerator Act) se anunció a principios de 2025 en el Pacto por una Industria Limpia y en la Comunicación conjunta Fortalecer la seguridad económica de la UE, siendo coherente con el informe Draghi que recomendaba aumentar la creación de valor en la UE reforzando su base industrial. A tal fin, la propuesta de Reglamento presentada en marzo de 2026 introduce preferencias para productos made in EU e hipocarbónicos en los sistemas de contratación y de ayudas públicas para impulsar la demanda de productos industriales europeos, en particular el acero, el cemento, el aluminio, los automóviles y las tecnologías de cero emisiones netas, tales como las baterías, la energía solar, la energía eólica, las bombas de calor o la energía nuclear. El objetivo es reforzar las capacidades de producción europeas e impulsar la demanda de tecnologías y productos limpios fabricados en la UE a fin de aumentar la proporción de la industria manufacturera en el PIB comunitario hasta el 20% de aquí a 2035.
Aunque se prevé una solicitud única que abarque todos los permisos necesarios para los proyectos industriales a fin de garantizar unos procedimientos de concesión de permisos ágiles y simplificados, esta disposición no será de aplicación cuando la legislación de la UE ya establezca procedimientos o requisitos específicos de concesión de permisos, que es lo que ocurre precisamente con los incluidos en el RMPF, por lo que la industria extractiva
no se va a beneficiar del mencionado mecanismo, que sí será predicable de la industria transformadora.
Por lo demás, para garantizar un suministro adecuado de materias primas críticas para los proyectos incluidos en las llamadas “zonas de aceleración”, el Consejo Europeo de Materias Primas Críticas establecido por el artículo 35 del RMPF proporcionará una plataforma para el intercambio de información sobre los cuellos de botella en la cadena de suministro de materias primas críticas relacionados con dichas zonas. Estos mismos proyectos se beneficiarán del mecanismo de compra conjunta establecido en RMPF para agregar su demanda de materias primas estratégicas y aumentar su poder de negociación frente a posibles vendedores, especialmente cuando dichos proyectos incluyan pequeñas y medianas empresas.
Y con expresa aplicación al sector de la extracción, procesado y reciclaje de materias primas críticas, la propuesta establece condiciones para las inversiones superiores a los 100 millones de euros cuando un solo tercer país controle más del 40% de la capacidad manufacturera mundial, situación especialmente frecuente respecto a determinados recursos minerales esenciales como las tierras raras, silicio, wolframio, vanadio, litio, bismuto o magnesio, donde China ostenta una prevalencia mundial indiscutible. Las condiciones incluyen la mayoría accionarial europea, la transferencia de tecnología, la integración en las cadenas de valor de la UE y la creación de empleo. De este modo, la propuesta pretende reforzar la seguridad económica de la UE y la resiliencia de la cadena de suministro. Estas medidas complementan el actual marco de control de la inversión extranjera directa de la UE, centrado en los riesgos para la seguridad nacional, para abordar las repercusiones económicas de las grandes inversiones en el funcionamiento del mercado único, entre otras cosas en materia de seguridad del suministro y valor añadido para la UE.
CONCLUSIONES
Pese a la decidida apuesta de las instituciones europeas por el fomento de la investigación y la explotación de materias primas minerales -especialmente metálicas- en el territorio de la UE, lo cierto es que las iniciativas normativas adoptadas o propuestas tras el RMPF de 2024 no parecen ir encaminadas a facilitar la rápida implantación o desarrollo de la industria extractiva, prevaleciendo criterios ambientales para someter a un especial control el ejercicio de esta actividad, especialmente lesiva para el medio natural por otro lado. De este modo, buena parte de la minería metálica europea se encontrará con requisitos adicionales que se justifican por sus afecciones a la atmósfera, el suelo, las aguas o la biodiversidad, en tanto que la reclamada actualización del RMPF parece priorizar el aprovechamiento secundario de materias primas fundamentales a través de su recuperación y reciclaje. Tan solo en materia de aguas se detecta algún avance de simplificación administrativa que habrá que ver cómo se materializa internamente por cada Estado.
Con ello, Europa sigue muy relegada en la carrera por garantizar a su industria el acceso a las materias primas minerales necesarias para el proceso de transición energética y las nuevas tecnologías de defensa. Actores como Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Australia, Chile y, por supuesto, China han acometido con mayor decisión la tarea de crear marcos normativos adecuados para el desenvolvimiento de la minería de metales críticos, los cuales no tienen que estar necesariamente reñidos con la sostenibilidad social y ambiental de esta actividad esencial para el progreso de las sociedades humanas.